MUNDO

7 de noviembre de 2019

El proyecto del gobierno de Chile para subir el salario mínimo

La medida beneficiaría a unos 540 mil trabajadores. En el Ejecutivo del país trasandino calculan que la decisión requerirá 306 millones de dólares de las cuentas públicas.

El Gobierno de Chile envió este miércoles un proyecto de ley al Congreso para subir el salario mínimo al equivalente en pesos chilenos de 418 a 485 dólares, lo que beneficiaría según se estimó oficialmente a unos 540.000 trabajadores, tras la ola de protestas que desde hace tres semanas sacuden al país por la desigualdad social. 

El presidente trasandino Sebastián Piñera, explicó que el incremento será para quienes tengan en estos momentos un ingreso de entre 418 dólares y 484, que "van a recibir un aporte, una ayuda, un subsidio del Estado que les va a permitir que sus ingresos alcancen ese mínimo".

En el Ejecutivo chileno calculan que la decisión requerirá 306 millones de dólares de las cuentas públicas que "van a llegar directamente al bolsillo de 540.000 trabajadores", informó la agencia DPA.

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, por su parte, agregó que el costo lo soportará el Estado porque subir el salario mínimo a cuenta de los empleadores les impediría seguir contratando. "Lo que queremos es cuidar el empleo", dijo.

Piñera firmó el proyecto de ley en un acto celebrado en La Moneda, sede del gobierno chileno, acompañado de Sichel y de los ministros de Trabajo, María Saldívar, y Hacienda, Ignacio Briones. Ahora, deberá recibir el visto bueno del Congreso para quedar aprobado.

El Gobierno diseñó una "agenda social" en el marco de las protestas que estallaron el pasado 18 de octubre por un alza del precio del metro del transporte público, pero escalaron rápidamente para denunciar la desigualdad.

Tras 19 días de marchas y protestas duramente reprimidas, manifestantes y oposición reclaman también una nueva Constitución, que reemplace la de 1980 instaurada por la dictadura de Augusto Pinochet a través del Decreto Ley N° 1319, tras ser aprobada en un plebiscito muy cuestionado, realizado bajo Estado de sitio sin registros electorales ni control internacional.

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