No todos los gremialistas cuestionan el proyecto del Gobierno que les impone declarar bienes como a jueces y funcionarios, y prohíbe ejercer cargos si eluden la norma.

El Gobierno avanza y punza en lo que aparece como un punto débil para los sindicalistas, con imposiciones en la Ley de Ética Pública, que ayer se presentó en el Congreso, que mortifican a Hugo Moyano y su estrategia de intentar apaciguar, en el año de elecciones, las pujas internas entre gremialistas.

En cambio le produce al camionero un efecto contrario, ya que divide a la CGT, en su posición frente a las nueva norma que comienza a debatirse y que no tendrá en cambio resistencia entre el público que busca que también los sindicalistas presentes sus declaraciones juradas como se les pide a funcionarios y jueces.

Modificación

La norma modifica la ley de Asociaciones sindicales y la de obras sociales y en ese sentido es punzante para gremialistas que lo ven como una avanzada del Gobierno que los llevará a la polémica.

El proyecto, en su artículo 65 incorpora a la ley 23.551 el artículo 18 bis que señala que “ las personas que integren los órganos directivos y de administración deberán presentar al inicio, anualmente y a la finalización de su mandato una Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses con el contenido y sujeta al régimen de publicidad de las declaraciones juradas en los términos de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, como requisito de permanencia en el cargo” y al mismo tiempo advierte que “quienes no hayan presentado la declaración jurada al finalizar su mandato, no podrán dirigir ni administrar asociaciones sindicales ni ejercer función pública hasta tanto subsanen dicha omisión, sin perjuicio de otras medidas que pudieran corresponder por la falta de presentación de cualquier declaración jurada.”

Le sigue entonces el artículo 66 a la iniciativa, que agrega un inciso a la Ley 23.660: “Quienes integren los cuerpos colegiados que dirijan y administren las obras sociales deberán presentar al inicio, anualmente y segunda con la finalización de su mandato una Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses con el contenido y sujeta al régimen de publicidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses previstas en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, como requisito de permanencia en el cargo” y también advierte que “quienes no hayan presentado la Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses al finalizar su mandato no podrán dirigir ni administrar obras sociales ni ejercer la función pública hasta tanto subsanen dicha omisión, sin perjuicio de otras medidas que pudieran corresponder por la falta de presentación de cualquier Declaración Jurada.”

Presentación

El proyecto lo giró el Gobierno la semana pasada a Diputados, pero ayer la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y el secretario de Fortalecimiento Institucional, el carriosista Fernando Sánchez brindaron explicaciones en plenario de comisiones a modo de presentación.

Sánchez explicó ante los legisladores que “para nosotros la ética pública es fundamental y todo tiempo es oportuno para discutir la ética pública”. Lo hizo en respuesta a comentarios sobre que, supuestamente, el debate del tema dejaría de lado discusiones sobre la situación económica del país, ya que, durante el momento que se destinó para las preguntas hubo algunos cruces.

El funcionario, de la agrupación de Elisa Carrió, remarcó también la importancia de complementar esta ley con las sanciones de las normas de “financiamiento de los partidos políticos y conflicto de intereses”, que también se están debatiendo en comisiones.

Alonso por su parte dijo que es “importante e imperioso” aprobar el proyecto de Ley de Ética Pública.

La reunión de la que participaron los dos funcionarios se realizó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General -que conducen los macristas Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky-, para remarcar los principales puntos que contiene la iniciativa, y responder las preguntas de los diputados.

“Estamos frente a una oportunidad única e histórica, a 20 años de la aprobación de la norma, de modernizar y actualizar un régimen que dé cabal cumplimiento al artículo 36 de la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado”, expresó Alonso y señaló que “discutimos esta ley para que no nos vuelva a pasar lo del saqueo; que permitió que funcionarios sin control hicieran lo que hicieron”.

Dijo también que “la modificación negativa a la ley, hecha en el año 2013, tuvo la función de esconder las sociedades comerciales que se formaron con fondos que provenían de la obra pública”, y celebró que “éste proyecto venga a subsanar eso”.

En la presentación además hubo cruces entre Alonso y el kirchnerismo, cuando se habló de las sociedades offshore, pero también se intercambiaron con dureza comentarios sobre la imposición a sindicalistas, que algunos consideraron como una actividad privada, lo que fue refutado.

Sánchez defendió la iniciativa calificando que “el mejor antídoto para la corrupción es la integridad”.

En ese sentido el funcionario sostuvo que “tenemos mucho por mejorar” y destacó las leyes del arrepentido, la de defensa de la competencia y la de extinción de dominio como herramientas de “lucha contra la corrupción”.

Alonso señaló que la norma de 1999, que es la que se está cambiando, “fue una muy buena ley para la ética” pero “tuvo una implementación muy errática con una modificación muy negativa en 2013 por lo que merece una actualización”.

Detalles

Entre los detalles de la nueva norma la propia Alonso destacó que la propuesta “subsana la reforma parcial de 2013” porque “perfecciona la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas de los tres poderes” y detalló que la presentación de las declaraciones juradas se realizará a través de un formulario electrónico al tiempo que la información se hará pública. En caso de que un funcionario no cumpla con la presentación se le retendrá un 20% de los haberes.

En cuanto al conflicto de intereses, el proyecto establece que los funcionarios tendrán prohibido durante el ejercicio de sus funciones, ya sea en forma honoraria o remunerada, “realizar una actividad en el ámbito privado o prestar servicios para quien realice una actividad en ese ámbito sobre la que tenga algún tipo de atribución en ejercicio de la función pública”.

La ley, de aprobarse, establecerá restricciones por un año para exfuncionarios para poder reinsertarse en el ámbito privado.

“Nueve provincias no tienen una ley de ética pública. Esperemos que este debate las inspire y las invitamos a adherir si esta norma es sancionada”, señaló Alonso.

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